El Gobierno en el tablero del proceso penal


 

ELPIDIO JOSÉ SILVA Author Img EX MAGISTRADO

08/12/2016

En el proceso penal de nuestra tibia democracia se ha mermado el papel de la judicatura, frente a la posición del Ministerio Fiscal. No es algo visible tras una atenta lectura de la legislación aplicable. Hablo de un paradigma que se ha ido implantando silenciosamente en los juzgados de instrucción españoles. Esta dinámica engarza con la lógica del bipartidismo, edificado sobre la desproporcionada hegemonía del poder ejecutivo nacido tras la Constitución del 78.

En nuestros juzgados de instrucción, a diario, la ley procesal sufre incumplimientos previsibles y mayoritariamente aceptados por los profesionales del Derecho. En variadas situaciones diríase que la conducta obligada es infringir la norma. Fiscalía, por ejemplo, casi nunca presencia las diligencias que se practican durante la instrucción del proceso. Al fin y al cabo, esto podría comprenderse como resultado del cúmulo de trabajo que soporta. Sin embargo, tal disculpa -válida para el funcionario- no evita que finalmente la institución se comporte de una forma inexplicable, incoherente e impropia de como, en su globalidad, debe concebirse un Estado de Derecho.

Carece de sentido que los protagonistas de la acusación pública, con una influencia procesal que va más allá de lo puramente técnico, puedan ejercer tan relevante competencia sin haber oído o interrogado a los testigos, ni tampoco a los peritos, ni a la policía, ni tan siquiera al investigado, al querellante o a la víctima. Se trata de una desmedida supremacía; un eco del poder ejecutivo en el proceso. Sin necesidad de aparecer por los juzgados de instrucción, el Ministerio fiscal controla a distancia el mazo principal de la acusación penal. Es muy deslegitimador para un Estado no dotar de mayores medios personales al Ministerio público y, a cambio, concederle un poder tan enorme e incoherente. No le quepa duda. Si algún juez se negase a practicar diligencias por no hallarse presente fiscalía (art. 306 Lecrim, párrafo 3º), de persistir en ese proceder, de un modo u otro es muy posible que acabase sancionado. Estos equilibrios inconfesables de nuestra práctica judicial ahondan en una suerte de “ilegalidad institucionalizada”.

No cabe bondad de ninguna reforma procesal sin garantizar la separación de poderes; es decir, la autonomía y los equilibrios indispensables entre el gobierno, la judicatura y el Ministerio fiscal. Servirá a lo sumo de argumento electoral, pero correrá el peligro de ser incumplida diariamente. Así ha sucedido con la denominada “ley de punto final”. Hace menos de un año que se impusieron plazos máximos para instruir un caso. Sin embargo, la práctica judicial consiste en calificar el asunto como “complejo”. De este modo, casi siempre se prorrogará la investigación consiguiendo que se dilate como de costumbre en España. Se actúa bajo esta concepción: No se incumple la ley, sino el error legislativo grave de quien no sabe o no quiere saber lo que está regulando. Es duro admitir este sistema inmunitario de nuestros usos judiciales, pero cabe justificarlos como una forma más de supervivencia frente a leyes absurdas por inaplicables.

Imaginemos que a la persona afectada por una causa penal se le ocurre que es necesario acudir al juez o jueza que instruye el asunto. Querría expresarle algo que considera relevante para sus derechos en juego. De entrada, a la vista de nuestra madurez institucional, acaso no espere ser atendida. Una vez que se documente y descubra que la autoridad judicial “debe” recibirla, quizá dude sobre su interpretación correcta de la ley. Después de haberse personado varias veces en el juzgado sin éxito, a lo mejor algún abogado le aclara cuál es nuestra práctica judicial. Al ser consciente la persona afectada de su estéril expectativa, repudiará a un poder del Estado que de tal forma la menosprecia. Casi seguro acabará pensando que este desbarajuste lo montan jueces y fiscales, aunque la gran tramoya en realidad se gesta y alimenta desde el poder ejecutivo, década tras década, fomentando la orfandad de la justicia. La penosa carencia de medios personales permite, en muchas ciudades españolas, que un solo juzgado deba asumir miles de causas al año, sin perjuicio de las que vayan quedando rezagadas. Bastarían varias semanas de cumplimiento riguroso de la ley procesal: El atasco sería tanto o más escandaloso que el incumplimiento de la norma.

Ya le va bien al ejecutivo. Cuando algún miembro del gobierno delinca, quienes deban investigarle no gozarán de la legitimación indispensable. Sobre las personas que soportan esta situación, sin oposición ni denuncia, gravita una severa decepción ciudadana, que no siempre disminuye por el hecho -comprensible- de que nadie quiere perder su sueldo. Pero la máxima responsabilidad corresponde al poder ejecutivo, al no cambiar tal estado de cosas en una democracia europea del siglo XXI, manteniendo en vigor una ley de nuestro siglo XIX (equivalente al XVIII francés o británico).

Un nuevo proceso penal incapaz de prestigiar la justicia, acercándola a las personas, no habrá resuelto ningún problema de fondo. Estos dos capítulos -la posición de jueces y fiscales en la instrucción, y el acercamiento de la justicia a la gente- son claves para una futura reforma global de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es imposible concebir ese cambio legislativo en profundidad parcheando una norma del año 1882, cuando Cuba aún era colonia española. O se garantiza la independencia del poder judicial, o mejor será que instruya fiscalía. Ahora bien, si la instrucción se endosase a un Ministerio público dependiente, sería obvia la posibilidad de que el ejecutivo controlase las investigaciones penales. Ya nadie cuestionaría que el Gobierno, a través de su ministro de justicia, tendría al alcance de la mano el cuándo, cómo y contra quien “se ordenan” las pesquisas.

Para garantizar niveles de trabajo asumibles y un ejercicio del poder judicial más eficaz, sin la menor duda, debería incrementarse el gasto público en el apartado de justicia. Ahora bien, hoy no existe el equilibrio de fuerzas políticas adecuado para legislar y dotar el proceso penal propio de un Estado de Derecho “social y democrático”, real y visible en la actividad cotidiana de sus juzgados. Quizá convenga seguir esperando. Será mejor que aprobar otra ley con idénticas taras y que también perdure más de cien años.

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